Recientemente, en una entrevista, me pidieron opinión sobre lo que una persona “profamilia” ha dicho de mi activismo. A lo que directamente respondí: “Yo soy profamilia”. Soy profamilia, quiero que todas las familias sean reconocidas, respetadas y protegidas en Panamá.
Ser profamilia es aspirar a que las y los niños crezcan sin violencia y puedan desarrollar sus habilidades, emociones y sueños. Que las mujeres jefas de hogar cuenten con políticas públicas de cuidado que reconozcan su trabajo. Que cada persona que se enamora y tenga como proyecto de vida formar una familia lo haga sin importar su orientación sexual.
La promoción de los derechos humanos tiene como fin último construir una sociedad de paz. Es por eso importante desmentir narrativas falsas y profundamente enquistadas en nuestra sociedad, de que quienes buscamos el desarrollo social no creemos en la familia.
Muy por el contrario, quienes buscamos que más personas tengan más derechos, justamente trabajamos para el fortalecimiento de la familia.
Estoy convencido que en Panamá no existen personas antifamilia. ¿Quién querría que personas en nuestro país no sean respetadas y vivan felices? ¿Que las y los niños sufran bullying? ¿Qué una pareja de lesbianas sufra violencia por amarse?
En los últimos años, sin embargo, se ha querido instalar la narrativa de que personas que promovemos derechos humanos, sean por temas de edad, género y orientación sexual, entre otros, estamos en contra la familia; esto es una manipulada falacia. Yo nací y crecí en una familia donde me inculcaron sólidos valores de que todos somo iguales ante Dios y que la unidad familiar es una virtud que heredamos de nuestras abuelas y abuelos, que debíamos siempre procurar mantener en nuestras vidas. Las personas LGBT somos hijas, nietos, sobrinas, padres y toda posible ecuación familiar, al ser humanos y haber nacido en una sociedad. Por lo que no hay lógica alguna posible en decir que estamos en contra de la familia, ya que somos parte indispensable de ella.
También se ha buscado imponer el errado discurso que son las mayorías quienes deben decidir sobre los derechos de todas las personas, cuando la única realidad es que los derechos humanos se tienen que garantizar sin ningún tipo de votaciones o aprobaciones.
Con su misión de universalizar la dignidad de todas las personas, los derechos humanos, con sus principios transversales como la no discriminación, son pilares esenciales para que no recurramos a la violencia, a la guerra, a la separación de unos contra otros. Quienes buscamos el respeto de los derechos humanos también creemos que todos los tipos de familia deben ser protegidos, como aquellas compuestas por madres solteras con hijos, padres solteros con hijos, abuelas y abuelos que crían nietos, parejas del mismo sexo, parejas sin hijos y la lista continúa.
Mucho hemos hablado sobre la injusta espera de la resolución de los casos sobre matrimonio civil de parejas del mismo sexo por parte de la Corte Suprema de Justicia. Son más de seis años de olvido para estas y muchas parejas por parte de quienes están obligados a proteger sus vidas, honra, bienes y dignidad humana, asegurando que las leyes no sean contrarias a la Constitución y a los derechos humanos. Pese a esto, hay personas que usan sus plataformas para pedir que las magistradas y magistrados retrocedan años de progreso jurídico y social, negando el derecho de miles de familias a ser finalmente reconocidas y protegidas para poder vivir en paz.
Estos discursos buscan promover una segregación moderna, un apartheid disfrazado. No hay nada distinto en decir que otros seres humanos no son iguales ante la ley, por su género o su color de piel, a negarles derechos por su orientación sexual.
Como sociedad, debemos conversar francamente de muchos temas, para algunos incómodos, como la profunda desigualdad de nuestro país. Una nueva visión de país empieza por reconocer que no hemos hecho suficiente para que todas las personas tengan las mismas oportunidades. Y un abono a esa finalidad de igualdad de todas las personas encuentra un momento decisivo en esa decisión de la Corte Suprema y los casos sobre el matrimonio civil. Sería un mensaje categórico de que en nuestro istmo se puede vivir sin discriminación, ser feliz y encontrar paz, al Estado reconocer la humanidad de todas las personas.
Reafirmo que mi trabajo no podrá ser cuestionado en la verdad innegable de que soy profamilia y quiero que todas las familias sean reconocidas, respetadas y protegidas en mi país, Panamá.
El autor es abogado y activista de derechos humanos.
